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En Yopal: El catastro castiga a los humildes y premia a los privilegiados, revela informe oficial sobre actualización catastral de CATASIG

Una investigación de la Secretaría de Planeación Municipal destapó graves inconsistencias en los avalúos catastrales urbanos hechos por la empresa CATASIG. Mientras barrios populares como San Martín fueron tasados a precios elevados, sectores de alta valorización como Unicentro o la zona industrial resultaron subvalorados. La consecuencia: una tributación injusta que golpea a quienes menos tienen.

A vuelo de pájaro, sin ser urbanizador, ingeniero catastral o arquitecto, uno no pensaría que el metro cuadrado en el tradicional barrio popular cercano al río Cravo Sur, San Martín, en Yopal, pueda ser más costoso que en la zona de Unicentro, o que los predios de zonas industriales y comerciales frente a la Central de Abastos puedan ser avaluados a un menor valor que zonas residenciales contiguas.

Estas incongruencias fueron destacadas por la Secretaría de Planeación Municipal en el informe periodo mayo 2025, referente a la supervisión No. 2 del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Yopal y Catasig SAS, tras la revisión de la actualización catastral urbana realizada por esta, durante 2024.

Como se recordará, cuando en febrero la Alcaldía de Yopal dio a conocer la factura del impuesto predial se generó revuelo y rechazo ciudadano por los elevados avalúos en algunos sectores, y por ende, altos recibos del impredial.

Los siguientes son algunos de los hallazgos documentados por la administración municipal:

  • Barrio San Martín (ZHG 7): Zona con alta vulnerabilidad social, tasada en $614.200/m², por encima de sectores comerciales consolidados.

 

  • Zona Geoeconómica 18 (Unicentro y alrededores): Sector residencial moderno, con conjuntos cerrados y alta valorización, tasado en solo $207.500/m².

 

  • Edificios DECK y LUMA: Avalúos catastrales entre $140 y $180 millones, aunque sus valores de mercado superan los $250 millones por unidad.

 

  • Zonas industriales y comerciales frente a la plaza de mercado: Valor asignado de apenas $140.000/m², menor al de zonas residenciales cercanas avaluadas en $300.000/m².

Otro dato curioso es el valor del metro cuadrado en la zona 12, avaluado en $315.400, donde se encuentra el barrio Villa Flor.

 

¿Qué significan estas inconsistencias para la ciudadanía?

Estas diferencias no son solo técnicas: tienen efectos directos sobre el bolsillo de las y los yopaleños. Si un predio fue sobrevalorado, el respectivo impuesto predial subió injustamente. Si fue subvalorado, podrías estar pagando menos de lo que te corresponde, pero también estarás expuesto a una corrección posterior o a sanciones.

La inequidad en la tributación que se deriva de estas fallas rompe el principio de progresividad fiscal: quienes más tienen, no necesariamente están pagando más. Y en muchos casos, quienes menos pueden, están asumiendo una carga tributaria injustificada.

 

Otras fallas estructurales detectadas

El informe de Planeación también alertó sobre graves errores en la cartografía catastral y en la estructura de los datos:

  • Más de 12.000 predios registrados con área construida cero (0), pese a estar edificados.

 

  • Valle de Guarataros: Al realizar un análisis detallado sobre los 324 predios ubicados en el sector denominado Los Guarataros, se evidenció que entre un 72% de los predios presentan como R, clasificados como lotes urbanizables no urbanizados, pese a contar con construcciones

 

  • 894 predios sin datos catastrales asociados (ni nombre, ni área, ni uso).
  • Ausencia de manzaneo urbano en sectores clave como la Ciudadela Comfacasanare, Altos de Manare, la Gobernación, Morichal Plaza y Unicentro.

 

  • Predios urbanos registrados como rurales, como ocurrió con varios inmuebles en Villa Docente.

 

¿Cómo se llegó a esto?

CATASIG SAS fue contratada mediante un convenio interadministrativo con recursos del Sistema General de Regalías, por un valor total superior a los $7.000 millones de pesos. La empresa debía asumir la prestación del servicio público catastral con enfoque multipropósito, y entregar datos confiables para el uso de Planeación, Hacienda y otros entes territoriales.

Pero la Secretaría de Planeación concluyó que el informe entregado por CATASIG no cumple los estándares técnicos exigidos, y que las inconsistencias comprometen la calidad de la información entregada y la validez del catastro como herramienta de justicia tributaria y territorial.

 

¿Qué pidió la administración municipal?

Ante esta situación, Planeación le exigió a CATASIG:

  1. Corregir los errores técnicos y entregar cartografía actualizada.
  2. Justificar los avalúos asignados y revisar las zonas con reclamos.
  3. Presentar informes detallados con evidencia del uso de recursos.
  4. Rendir cuentas claras sobre la inversión en tecnología y personal.

También recordó que ninguna modificación al proyecto puede hacerse sin el procedimiento reglado por el OCAD PAZ y el Acuerdo 07 de 2022, ya que los recursos utilizados son públicos y están bajo vigilancia.

 

¿Qué puede hacer la ciudadanía?

  • Revisar sus recibos prediales y compararlos con vecinos o zonas similares.
  • Formular derechos de petición si detectan inconsistencias.
  • Participar en las jornadas de socialización y exigir transparencia.
  • Preguntar a Planeación Municipal sobre las zonas ZHG asignadas a su predio.

Porque el catastro no es un simple trámite técnico: es una herramienta de redistribución. Si falla, la injusticia se paga en el recibo.

Si quiere verificar el valor del avalúo catastral en el siguiente link puede hacerlo: https://yopal.xiltriongeoservicio.com/map. En este enlace pueden buscar la zona homogénea geoeconómica y física urbana.

 

Poca claridad en el uso de los recursos públicos

La actualización catastral realizada por CATASIG SAS en Yopal no solo ha sido cuestionada por sus errores técnicos y sus efectos tributarios regresivos, sino también por la falta de claridad en la ejecución financiera del proyecto.

Según el informe de supervisión de la Secretaría de Planeación, el contrato interadministrativo contemplaba un presupuesto de $7.153 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) y del aporte de Catasig por 117 millones.

De ese total, hasta el momento de corte del informe se habían desembolsado $6.332. millones de pesos, es decir, el 90% del valor total contratado.

Sin embargo, la Alcaldía de Yopal evidenció que:

  • No se entregó a satisfacción toda la cartografía exigida, ni se cumplió con la actualización completa del 100% de los predios, lo cual pone en duda la proporcionalidad entre el avance técnico y el financiero.
  • CATASIG no presentó todos los soportes contables ni financieros exigidos por Planeación, especialmente en lo relativo al personal vinculado, los gastos en software y los ítems de inversión tecnológica.
  • Algunos ítems cobrados como ejecutados (por ejemplo, georreferenciación, ortofotografía, fichas prediales, etc.) no coincidían con la evidencia técnica disponible en la base entregada.
  • La firma tampoco aportó un análisis comparativo entre el avalúo base y el avalúo proyectado, dificultando la verificación del impacto fiscal real del proyecto.

Ante estas observaciones, la Secretaría de Planeación solicitó a la empresa:

  • Un informe detallado de inversión, discriminado por ítem, entregable y mes.
  • Soportes contables que permitan verificar la proporcionalidad de lo pagado frente al avance real.
  • La entrega completa de la cartografía exigida.
  • Un informe final del estado actual del contrato y justificación técnica del recurso girado.

Dado que los recursos provienen del SGR y están sujetos a auditoría por parte de los entes de control, las falencias encontradas podrían derivar en investigaciones administrativas, fiscales o penales si se determina que hubo incumplimientos graves en la ejecución del convenio.

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