Capresoca en estado crítico: Procuraduría suspende a interventora tras aumento de quejas y fallas en salud
La entidad arrastra medidas desde 2016 y fue intervenida por la Supersalud en octubre de 2024. Hoy, la Procuraduría suspende a su interventora en medio de un aumento del 144% en quejas y crecientes barreras de acceso a la atención.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses a la agente especial interventora de Capresoca EPS, Betty Cecilia Anaya Nieto.
La medida se da en medio de un escenario que ya venía generando preocupación entre los usuarios: dificultades para acceder a citas, demoras en tratamientos y respuestas tardías del sistema.
Lo que ahora entra en investigación es si, durante la intervención, estas condiciones no solo persistieron, sino que pudieron agravarse.
Además, el Ministerio Público abrió investigación contra el exagente especial de la EPS, Yeferson Caicedo Pardo, por posible incumplimiento de los fines de la intervención forzosa administrativa.
Una crisis que no empezó ahora
El caso de Capresoca no es reciente.
Desde 2016, la entidad ha sido objeto de medidas preventivas por parte de los organismos de control, en un intento por corregir fallas estructurales en su funcionamiento.
Sin embargo, estas medidas no lograron estabilizar la situación.
En octubre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa, una decisión que, en teoría, buscaba recuperar la capacidad de la EPS para garantizar la atención a sus usuarios.
¿La intervención logró corregir el rumbo o terminó profundizando la crisis?
El dato que enciende las alarmas: 144% más quejas
Uno de los indicadores más contundentes es el crecimiento de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).
Según informes conocidos por la Procuraduría, estas han aumentado aproximadamente en un 144%.
Detrás de ese número hay una realidad concreta:
- usuarios que no acceden a servicios
- Tratamientos que no se autorizan a tiempo
- Un sistema que responde cada vez con más dificultad.
Barreras de acceso y deterioro financiero
La investigación disciplinaria también busca establecer si existe un deterioro en la prestación del servicio y en la situación financiera de la entidad.
Entre los aspectos que están bajo revisión se encuentran:
- El aumento en las barreras de acceso a la atención en salud
- La disminución en la capacidad de pago de la EPS
- El incremento en la siniestralidad en los balances financieros
- el aumento de acciones de tutela por fallas en la atención
Estos elementos configuran un escenario que va más allá de problemas operativos puntuales y apunta a un desgaste estructural.
Más de 170 mil usuarios en medio de la incertidumbre
Capresoca EPS cuenta con aproximadamente 170 mil afiliados, principalmente en el departamento de Casanare.
Detrás de esa cifra hay pacientes que dependen del sistema para tratamientos continuos, controles médicos y acceso oportuno a servicios.
Aunque el dato es regional, el fenómeno no es aislado. El aumento de tutelas, quejas y barreras de acceso se repite en distintas EPS del país, dentro de un sistema de salud que enfrenta tensiones crecientes en la prestación del servicio.
La investigación de la Procuraduría busca establecer si hubo omisiones en el cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios y si la intervención cumplió con su propósito de garantizar la atención.
En el radar del Gobierno
El caso de Capresoca también se cruza con un debate más amplio sobre el futuro del sistema de salud.
La entidad ha sido mencionada dentro de las EPS que podrían entrar en procesos de liquidación, en medio de las discusiones del Gobierno nacional sobre la reorganización del sistema.
Aunque este escenario aún no es definitivo, sí refleja el nivel de fragilidad institucional en el que se encuentra la EPS.
