Alcaldes de Casanare, preocupados y con escasa protección tras amenaza atribuida al Frente 28

La amenaza difundida mediante un video atribuido al Frente 28 José María Córdoba provocó preocupación entre los alcaldes de Casanare, varios de los cuales ejercen sus cargos sin esquemas de seguridad suficientes.

Al menos tres mandatarios consultados por este medio y que solicitaron anonimato, manifestaron inquietud por el alcance del comunicado.

La mayoría de los alcaldes del departamento no cuenta con un esquema de protección, mientras otros tienen apenas algunos escoltas, una situación que aumenta su vulnerabilidad frente a amenazas dirigidas de manera general contra las administraciones municipales.

El secretario de Gobierno de Casanare, Julio Ramos, informó que las autoridades están analizando el video, su contenido y las circunstancias en las que se originó. También reiteró ante la Unidad Nacional de Protección —UNP— la necesidad de fortalecer los esquemas de los mandatarios.

La preocupación no se limita a un posible ataque. La presión de estructuras armadas puede colocar a un alcalde entre el riesgo para su vida y el peligro institucional de sostener contactos clandestinos que posteriormente puedan interpretarse como acuerdos ilegales.

El desafío es evitar que se repitan situaciones del pasado en las que mandatarios sin garantías de seguridad terminaron envueltos en relaciones indebidas con grupos armados, con posteriores investigaciones disciplinarias y penales, destituciones o condenas.

Sin embargo, es necesario diferenciar al funcionario intimidado, que debe ser protegido como víctima, de quien voluntariamente establece un pacto ilegal.

Por eso, cualquier intento de contacto debe informarse inmediatamente a la Fiscalía, el Gaula y los organismos de seguridad, sin abrir interlocuciones individuales o reservadas.

“O nos atienden por la vía pacífica o nos obligan por la vía militar”

El video, fechado el 25 de octubre de 2026, muestra a diez personas: tres sentadas y siete de pie. El hombre ubicado en el centro lee desde una tableta un comunicado dirigido a los alcaldes de Casanare.

El vocero identifica al grupo como las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP” y presenta el mensaje como un “único y último llamado pacífico y cordial”.

Después asegura que sus integrantes están alzados en armas contra el Estado y sus instituciones políticas, actuación que pretende justificar como un supuesto derecho a la rebelión.

La declaración más grave aparece cuando califica a las alcaldías como “objetivos legítimos” y plantea: “o nos atienden por la vía pacífica o nos obligan por la vía militar”.

El hombre afirma además que Casanare es “área del Frente 28” y que tienen asuntos políticos, económicos y sociales para “tratar y acordar” con los mandatarios.

También asegura que habrían agotado los medios para contactarlos y acusa a la mayoría de los alcaldes de estar “crecidos y confiados” en la denominada “Patria Milagro”. Cuestiona la respuesta armada del Gobierno y sostiene que actuaría siguiendo lineamientos de Estados Unidos.

El comunicado termina declarando notificados a los mandatarios y menciona al Frente 28 José María Córdoba y al Comando Conjunto de Oriente Martín Villa.

Estas afirmaciones hacen parte del discurso propagandístico del grupo. La estructura intenta presentar como diálogo una exigencia respaldada por armas y se atribuye, sin ninguna legitimidad, autoridad sobre el territorio y las decisiones públicas.

El video no identifica individualmente a los alcaldes, no fija un plazo para responder, no exige una suma determinada de dinero ni muestra un canal de contacto. Al dirigirse a las alcaldías de Casanare en general, la amenaza podría comprender a los 19 mandatarios municipales.

Análisis del video y quienes aparecen en él

Por sus rasgos visibles, dos integrantes de la fila superior —la cuarta y la quinta de izquierda a derecha— parecen ser mujeres. Las demás son hombres.

Todos tienen el rostro descubierto, prendas de camuflado, distintivos con los colores de Colombia y pañoletas negras en la cabeza. No llevan boinas.

Se observan al menos nueve armas largas. Algunas presentan características externas semejantes a fusiles de plataforma AK y otras a armas tipo AR o M4, pero la calidad del material no permite determinar modelos, calibres o procedencia.

La forma de sostenerlas parece responder más a una puesta en escena intimidatoria que a un protocolo uniforme de seguridad.

Aunque la mayoría mantiene aparentemente los dedos fuera del disparador y orienta los cañones hacia arriba o hacia el suelo, el arma del hombre sentado a la derecha permanece atravesada sobre sus piernas, con el cañón dirigido hacia el sector ocupado por sus compañeros.

Varias armas conservan los proveedores instalados y no se observa una verificación de las recámaras. Tampoco es posible saber si estaban cargadas o tenían los seguros activados.

Este manejo desigual no permite determinar el entrenamiento real del grupo, pero muestra que durante la grabación prevaleció la exhibición de capacidad armada.

Ocultaron cualquier referencia sobre el lugar

La tableta desde la cual se lee el comunicado es el único elemento tecnológico claramente visible. No se observan radios, teléfonos, computadores, drones, vehículos o equipos de georreferenciación.

Una tela negra cubre el fondo y oculta el entorno. La escasa vegetación de los extremos no permite identificar el lugar. Tampoco aparecen coordenadas, construcciones, letreros o una fecha digital que demuestren que el material fue grabado en Casanare.

Hasta que concluya el análisis técnico de las autoridades, debe hablarse de un video atribuido al Frente 28 y no de una pieza plenamente autenticada.

La ausencia de alias Antonio Medina

Otro elemento llamativo es que alias Antonio Medina, señalado como comandante del Frente 28 y habitual protagonista de sus comunicaciones, no aparece ni se escucha en la grabación.

El comunicado es leído por un hombre más joven cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Algunos medios han señalado que podría tratarse de alias Jean Carlos, presentado como uno de los integrantes importantes de la organización. Una comparación con una fotografía públicamente atribuida a este hombre permite observar semejanzas generales de contextura y facciones.

No obstante, la resolución, la iluminación, la inclinación de la cabeza y la pañoleta impiden una identificación confiable. La similitud es una línea de verificación, no una prueba.

La ausencia de Antonio Medina tampoco demuestra que haya perdido el mando o abandonado la región. Podría responder a una delegación de la vocería, una medida de seguridad o la intención de dar visibilidad a otro integrante.

Primero contratistas, ahora alcaldes

El mensaje podría representar una escalada de presión sobre la administración pública y la contratación regional.

El 31 de agosto pasado circuló un panfleto atribuido al Frente 28 que exigía a contratistas de Casanare y Boyacá establecer comunicación para tratar asuntos “laborales, sociales y económicos”. Quienes no atendieran el llamado serían declarados “objetivo militar”.

Ahora la amenaza se dirige a las alcaldías que administran recursos y adjudican obras. En ambos mensajes se habla de “tratar” o “acordar” asuntos económicos y sociales bajo presión armada.

Aunque el nuevo video no exige dinero, corresponde a las autoridades establecer si la organización busca cobrar extorsiones, intervenir en contratos, imponer proveedores o trabajadores, acceder a información sobre proyectos o controlar actividades económicas.

No sería la primera alerta. En 2024, el propio secretario de Gobierno departamental informó que se evaluaban decenas de amenazas contra líderes, funcionarios y alcaldes. Entre los casos conocidos aparecieron señalamientos sobre citaciones, mensajes intimidatorios y presuntas exigencias económicas atribuidas a organizaciones armadas.

Por ello, la respuesta no puede limitarse a verificar si el video es auténtico. También debe establecerse si ya hubo contactos con los alcaldes, identificar al vocero y a sus acompañantes, evaluar individualmente el riesgo de cada mandatario y adoptar medidas de protección antes de que la presión produzca consecuencias violentas o institucionales.

La gravedad del mensaje no está solamente en las armas exhibidas. Una estructura ilegal pretende intervenir en las decisiones políticas, administrativas y económicas de Casanare, mientras buena parte de sus alcaldes carece de protección suficiente.