Alexander Silva agotó otra salida jurídica y quedó a las puertas de abandonar la Asamblea

El Consejo de Estado negó la solicitud con la que la defensa de Heyder Alexander Silva García buscaba corregir, aclarar y adicionar la sentencia que decretó su pérdida de investidura como diputado de Casanare.

La decisión, fechada el 29 de octubre de 2026, no vuelve a juzgar la conducta de Silva. Lo que hace es cerrar una nueva discusión promovida después del fallo de segunda instancia y mantener sin modificaciones la orden que lo deja por fuera de la Asamblea Departamental.

En términos sencillos, la defensa intentó que el Consejo de Estado examinara nuevamente varios argumentos y pruebas que llevaron a sancionarlo. Sin embargo, el alto tribunal recordó que una solicitud de aclaración no puede utilizarse para reformar o revocar una sentencia.

La Sala fue directa: lo pretendido era “reabrir la discusión” sobre asuntos ya estudiados por el juez. También concluyó que las peticiones buscaban cuestionar nuevamente la motivación, la valoración de las pruebas y los fundamentos jurídicos del fallo.

Lo que pidió la defensa

El abogado de Silva formuló seis solicitudes de aclaración y ocho peticiones de adición. Entre otros asuntos, pidió que el Consejo de Estado precisara:

• Cuál habría sido el beneficio particular obtenido por el diputado.
• Si el interés cuestionado era de Silva o de la funcionaria nombrada en el cargo creado durante su presidencia.
• Cómo se probó el conflicto de intereses de carácter moral.
• Qué valor tuvieron las asesorías técnicas y jurídicas invocadas por la defensa.
• Por qué se apartó de la decisión inicial del Tribunal Administrativo de Casanare.

El Consejo de Estado respondió que esos puntos ya habían sido analizados y que la sentencia no contenía frases oscuras o ambiguas que necesitaran aclaración.

Aunque reconoció algunos errores en fechas y referencias normativas dentro del documento, determinó que no afectaban la parte resolutiva ni cambiaban el sentido de la decisión. Por eso negó conjuntamente la corrección, la aclaración y la adición.

Una solicitud que le dio más tiempo en la Duma

No existe una prueba dentro del expediente que permita afirmar que Silva presentó estas solicitudes exclusivamente para dilatar su salida. Sin embargo, sí está comprobado que su trámite prolongó durante varios meses la definición procesal.

La sentencia fue dictada el 4 de junio y notificada el 23 de junio. Silva presentó la solicitud el 25 de junio. Posteriormente recusó a los magistrados de la Sección Primera, pero esa recusación fue declarada infundada el 10 de septiembre.

Finalmente, el Consejo de Estado negó sus peticiones el 29 de octubre y ordenó que, una vez quede ejecutoriada esta providencia, el proceso regrese al Tribunal Administrativo de Casanare.

La aclaración nunca tuvo capacidad jurídica para borrar la pérdida de investidura, pero su trámite sí mantuvo pendiente durante varios meses la devolución del expediente y la materialización definitiva de la salida.

El debate que lo dejó por fuera

La sanción surgió por la participación de Silva en la discusión del proyecto de Ordenanza 002 de 2025, mediante el cual se buscaba modificar la planta de personal de la Asamblea y corregir inconsistencias relacionadas con un cargo creado por él cuando presidía la corporación.

Pese a que otro diputado le advirtió durante la sesión sobre un posible conflicto de intereses, Silva intervino ampliamente en el debate, se opuso al proyecto y no manifestó impedimento.

El Consejo de Estado concluyó que tenía un interés directo, particular y actual porque la ordenanza estaba relacionada con una actuación administrativa adoptada por él mismo. También determinó que actuó de manera intencional y que, por su experiencia como diputado y exconcejal de Yopal, conocía o debía conocer su obligación de apartarse.

La sanción no se produjo simplemente por la discusión sobre la legalidad del cargo creado. El reproche estuvo en que Silva participó en un debate destinado a corregir una decisión administrativa que él mismo había tomado cuando presidía la Asamblea.

Segundo diputado sancionado durante este periodo

El caso de Silva no es el único. Es el segundo integrante de la Asamblea de Casanare elegido para el periodo 2024-2027 contra quien el Consejo de Estado decreta la pérdida de investidura.

La otra subjudice es Marisela Duarte Rodríguez, del Centro Democrático y esposa del senador Josué Alirio Barrera. El Consejo de Estado concluyó que Duarte incurrió en conflicto de intereses al votar su propia recusación durante la elección del secretario general de la Asamblea para 2025.

Según la sentencia, Duarte participó dos veces en la votación, pese a que antes de la segunda recibió una advertencia expresa de que no podía intervenir en una decisión que la afectaba directamente. El alto tribunal calificó su conducta como culpa grave. marthacifuentes.com

Duarte todavía permanece en la Asamblea mientras acude a mecanismos jurídicos extraordinarios para tratar de revertir o frenar los efectos de la sentencia.

Así, la corporación departamental enfrenta una situación política poco común: dos de sus once integrantes tienen fallos de pérdida de investidura durante el mismo periodo constitucional, ambos por violar el régimen de conflicto de intereses.

Un golpe al sector del gobernador

La salida de Silva también golpea al sector político del gobernador César Ortiz Zorro. El diputado llegó a la Asamblea por la Coalición por Casanare, el mismo proyecto que llevó a Ortiz Zorro a la Gobernación, y ha sido uno de sus principales aliados dentro de la corporación.

La pérdida de investidura le impide aspirar a otros cargos de elección popular.