Fiscalía imputa a exgobernador Mariño por contrato del PAE en medio de campaña electoral en Casanare

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia. Lo vincula por presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) suscrito en 2012 por más de 18 mil millones de pesos.

Según el ente acusador, el convenio habría sido direccionado mediante una figura contractual que evitó el proceso de licitación pública. De acuerdo con la investigación, generó un presunto detrimento patrimonial superior a 794 millones de pesos.

Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exmandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Mariño no aceptó los cargos.

La decisión de la Fiscalía y su impacto político

La imputación se produce en plena temporada electoral en Casanare.

Nelson Mariño viene respaldando públicamente la campaña a la Cámara de Representantes de Álvaro Mariño por el Centro Democrático. El candidato afirmó que esta actuación judicial es, según él, una muestra de cómo se estaría atacando la campaña de su partido desde distintos escenarios. Cuestionó que el proceso se reactive justo en este momento político.

Desde el punto de vista jurídico, la imputación es una etapa inicial del proceso penal y no constituye condena. El caso deberá avanzar en las siguientes fases procesales ante la justicia.

Antecedente disciplinario por los mismos hechos

En enero de 2013, la Procuraduría confirmó en fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 14 años contra Nelson Mariño. Él en ese entonces ejercía como gobernador de Casanare (2012–2015).

El Ministerio Público concluyó que el mandatario utilizó la figura de convenio de cooperación para eludir el proceso licitatorio en la contratación del servicio de almuerzos escolares con la Caja de Compensación Familiar del Casanare.

La Procuraduría consideró que con esa actuación se desconocieron principios de responsabilidad y economía en la contratación estatal. Se configuró una falta disciplinaria gravísima por detrimento del patrimonio público.

El antecedente penal por parapolítica y posterior absolución

El exmandatario también enfrentó un proceso penal distinto por presuntos vínculos con grupos paramilitares en Casanare.

Mariño Velandia fue capturado en septiembre de 2019 bajo la sindicación de concierto para delinquir agravado, dentro de un proceso relacionado con parapolítica. Se le acusó de haber recibido apoyo en 2003 para su candidatura a la Alcaldía de Yopal por parte de las Autodefensas Unidas de Casanare.

Permaneció cerca de cuatro años en prisión preventiva.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Yopal, en fallo de segunda instancia, revocó la condena proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal Especializado de Yopal. De tal manera que ordenó su libertad inmediata.

El Tribunal consideró que existían contradicciones en la acusación y cuestionó la valoración probatoria realizada en primera instancia. Señaló que no era creíble que, siendo candidato, estuviera promoviendo la organización paramilitar cuando inicialmente la tesis fiscal hablaba de supuesto apoyo recibido.

Con esa decisión quedó absuelto dentro de ese proceso.

Un nombre que vuelve al centro del debate

La nueva imputación penal reabre un capítulo contractual que ya había tenido consecuencias disciplinarias. Esto se suma a los antecedentes judiciales que han marcado la trayectoria política del exgobernador.

Mientras la justicia avanza en el proceso, el caso impacta el actual escenario electoral en Casanare. El respaldo de figuras con trayectoria sigue siendo determinante en las campañas al Congreso.