Tribunal revoca orden de pago de $40 mil millones de regalías “invertidas” ilegalmente en fiducias y ordena a la Gobernación de Casanare cobrar
El Tribunal Administrativo de Casanare tumbó la orden de “pagar en 3 meses” que un juzgado había dado en 2023 por las regalías leoninamente invertidas en patrimonios autónomos y fiducias. Confirmó que sí hubo daño al patrimonio público y dijo que la plata debe recuperarse por las vías legales normales (demandas, procesos fiscales y ejecutivos), con un plan de cobro desde la Gobernación.
Han pasado casi dos décadas desde que, entre 2006 y 2007, el entonces gobernador designado de Casanare, Whitman Herney Porras, comprometió ilegalmente regalías petroleras en patrimonios autónomos y fiducias. En 2023, parecía que por fin habría un camino rápido para recuperarlas: el Juzgado Primero Administrativo de Yopal ordenó que particulares, fiduciarias y exfuncionarios devolvieran, en 3 meses, la parte perdida —unos $40 mil millones—, de manera solidaria e indexada.
Sin embargo el 8 de septiembre pasado, el Tribunal Administrativo de Casanare tumbó esa orden de “pago exprés”. Si bien se reconoció el daño al patrimonio público ya no se pagará vía acción popular sino que la Gobernación tendrá que demandar y cobrar por las vías contractuales, fiscales y ejecutivas legales.
El Tribunal lo dejó por escrito: revocó el numeral quinto del fallo del 9 de noviembre de 2023, que era el que ordenaba el reintegro en 3 meses. Mantiene lo demás (es decir, el amparo al patrimonio público y las demás órdenes de gestión).
La historia que estalló y la novedad de hoy
Entre 2006 y 2007, el departamento giró $63.000 millones de regalías a negocios fiduciarios; solo $22.865 millones volvieron a las arcas públicas. El resto quedó en veremos.
El hueco ronda los $40.134 millones, discriminados por el juzgado en cuatro operaciones: Chacón Bernal, Cosacol, Green Mountain y la U.T. Carbones Likuen/Fidupetrol.
El escándalo fue nacional. Años después, el caso salpicó a la Corte Constitucional: el entonces magistrado Jorge Pretelt fue condenado a 6 años y medio por haber pedido $500 millones para favorecer una tutela de Fidupetrol que buscaba tumbar una condena de $22.500 millones a favor de Casanare en el negocio de Carbones Likuen. Ese episodio, conocido como “Fidupretelt”, retrata el tamaño del golpe a las regalías del departamento.
Qué dijo el juez en 2023 (1ª instancia)
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal en fallo de primera instancia del 09 de noviembre de 2023 encontró afectado el patrimonio público y ordenó que los involucrados devolvieran en 3 meses, de forma solidaria y debidamente indexada, los valores por cada negocio:
- Chacón Bernal: $2.579 millones
- Cosacol: $9.770 millones
- Green Mountain: $7.493 millones
- U.T. Carbones Likuen/Fidupetrol: $20.292 millones
Total: $40.134 millones
También dispuso intereses moratorios en caso de incumplimiento y que la Gobernación creara un comité técnico-jurídico para organizar el cobro.
FALLO PRIMERA INSTANCIA REGALÍAS FIDUCIAS – JUZGADO PRIMERO ADTIVO YOPAL
Qué cambió ahora el Tribunal (2ª instancia)
El Tribunal Administrativo de Casanare en fallo de segunda instancia proferido el 8 de septiembre de 2025 revisó la apelación y tomó tres decisiones clave:
- Revocó la orden de “pago inmediato en 3 meses”. Se cayó el numeral quinto del fallo de 2023: no hay pago exprés por acción popular.
- Confirmó el daño al patrimonio público, pero aclaró que la acción popular no es para ordenar que la Gobernación reciba plata “ya”, sino para proteger derechos colectivos. La recuperación debe ir por procesos contractuales, fiscales o ejecutivos (el “juez natural” del contrato).
- Ajustó técnica procesal: Fiduprevisora S.A. no es “sucesora procesal” de Fidupetrol (administra remanentes, pero no asume automáticamente una condena directa en la acción popular).
Aunque tumbó la orden de pago exprés, el Tribunal mantiene el amparo al patrimonio público y la obligación de que la Gobernación cuente con un comité técnico-jurídico para inventariar procesos, verificar decisiones en firme y armar un plan de cobro.
FALLO SEGUNDA INSTANCIA TRIBUNAL REGALÍAS FIDUCIAS CASANARE
Entonces… ¿Quién paga y cómo se recupera la plata?
- Por esta acción popular no hay pago automático. La orden se cayó en segunda instancia. El cobro debe hacerse demandando y ejecutando por las rutas normales: contractual, fiscal y penal (lo ya decidido y lo que falte por iniciar).
- Ya existen decisiones previas que la Gobernación puede cobrar: por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia condenó a Fidupetrol por $22.500 millones (caso U.T. Carbones Likuen) y al exgobernador Whitman Porras por $42.342 millones; la Contraloría General de la Nación también condenó a Fidupetrol por $33.837 millones. El comité debe revisar qué está firme y cómo ejecutarlo.
Lo que debe hacer la Gobernación
- Instalar ya el comité técnico-jurídico y publicar (en 10 días) un inventario de procesos penales, fiscales y contractuales relacionados, con su estado y si están en cobro.
- Definir la ruta de cobro para cada rubro (demanda, ejecución, acuerdo de pago) y un cronograma trimestral de recaudo.
- Transparencia activa: tablero público con metas de recuperación (monto, responsable, fecha objetivo) y reportes mensuales.
- Prioridad social: cada peso recuperado debe ir a salud, educación y agua potable, que fue lo que las regalías debían financiar desde el principio.
- Designar como integrantes del comité de verificación de lo aquí ordenado, al Gobernador de Casanare, al actor popular y el titular de este Despacho, quien lo presidirá.
En bandeja de plata blanca
El Tribunal no perdonó lo que pasó con las regalías: dejó claro que hubo daño al patrimonio público. Pero también dijo: “no se paga aquí y ya; cobren por donde es”. Ahora la Gobernación de Casanare debe ponerse de cobradora, organizar su plan jurídico y recuperar peso a peso esos ~$40 mil millones para devolverlos a donde siempre debieron estar: salud, educación y agua potable para la gente.
