IGAC reasumió el catastro de Yopal, pero la cuestionada actualización de Catasig sigue vigente

La era de Catasig en Yopal terminó oficialmente. Desde este miércoles 26 de agosto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi —IGAC— reasumió la prestación del servicio público catastral del municipio, después de un empalme que tardó más de lo previsto y dejó inconformidad en la comunidad.

La noticia marca un punto de quiebre en uno de los procesos más cuestionados de los últimos años en Yopal: la actualización catastral realizada por Catasig en 2024, que generó fuertes incrementos en avalúos, reclamos ciudadanos, tutelas, acciones populares, peticiones, quejas y una crisis de confianza frente al manejo del catastro.

Yopal no espera simplemente que se vaya Catasig. Eso ya ocurrió. Pero la factura que dejó todavía sigue llegando.

Es decir, los avalúos y efectos derivados de ese proceso continúan produciendo consecuencias mientras no exista una decisión judicial que los anule o mientras el IGAC no adelante una actuación técnica que permita corregir o reemplazar lo hecho.

Catasig se fue, pero dejó el problema

Durante rueda de prensa, el asesor jurídico de la Alcaldía de Yopal, Edgar Iván Paérez, y la secretaria de Planeación, Narda Consuelo Perilla, explicaron que el municipio comenzará una nueva etapa de coordinación con el IGAC para revisar las inconsistencias encontradas en la base catastral.

Según la Administración Municipal, Catasig debía entregar el servicio desde el pasado 26 de junio, pero el empalme se extendió dos meses más. Además, se indicó que el operador llevaba más de 45 días sin prestar el servicio y que dejó un “saldo en rojo” en el componente técnico de la actualización catastral.

En términos prácticos, la gente no puede asumir que desde hoy los avalúos quedaron anulados o que los cobros asociados a la actualización dejaron de existir. La salida del operador no borra automáticamente los actos administrativos que dieron vida a esa actualización.

Una actualización que sigue golpeando el bolsillo

La actualización catastral de 2024 se convirtió en una carga para miles de propietarios urbanos que vieron incrementos abruptos en los avalúos de sus predios. En muchos casos, la inconformidad no fue solo por el aumento, sino por la sensación de que los valores no correspondían con la realidad física, económica o comercial de los inmuebles.

Por eso el caso dejó de ser un debate técnico entre funcionarios, abogados y peritos. Para la gente, el catastro se convirtió en una pregunta mucho más simple: ¿Por qué mi predio subió tanto si mi casa, mi lote o mi negocio siguen siendo los mismos?

Las demandas y los órganos de control siguen su curso

Antes de que el IGAC reasumiera el servicio, el asesor jurídico Edgar Iván Paérez ya había explicado que existen acciones de nulidad contra los actos administrativos que aprobaron la actualización catastral de 2024.

A esas acciones se suma una demanda del municipio de Yopal que busca ir más allá: cuestionar el convenio interadministrativo que permitió traer a Catasig al municipio. Según Paérez, esa demanda llevaba cerca de un año esperando admisión.

El caso también tiene un frente sancionatorio. Paérez afirmó que la Superintendencia de Notariado y Registro formuló cargos contra Catasig por fallas relacionadas con la actualización catastral, entre ellas presuntas falencias metodológicas, problemas de cartografía y cuestionamientos sobre la competencia del operador para expedir actos administrativos.

Además, el municipio se hizo parte dentro de ese proceso sancionatorio, que se originó a partir de una solicitud de intervención hecha por el alcalde de Yopal.

El presunto detrimento de $6.300 millones

Otro punto sensible es el costo de la actualización. De acuerdo con lo dicho por el asesor jurídico, la Contraloría habría identificado un presunto detrimento patrimonial por cerca de 6.300 millones de pesos, relacionado con los recursos pagados por una actualización catastral que hoy es señalada como deficiente y que posiblemente tendría que repetirse.

Paérez comparó la situación con pagar por una obra que resulta defectuosa y luego debe rehacerse. Si el municipio pagó miles de millones por un producto que no cumple las condiciones técnicas para aplicarse, la pregunta fiscal es inevitable: ¿quién responde por ese dinero?

Según el asesor, la responsabilidad no recaería únicamente sobre quien ejecutó la actualización, sino también sobre quienes permitieron la llegada de Catasig a Yopal para adelantar ese proceso.

Es de resaltar que el convenio Alcaldía de Yopal-Catasig se forjó durante el gobierno del entonces alcalde Luis Eduardo Castro.

¿Habrá nueva actualización catastral?

La expectativa es que el IGAC revise las inconsistencias en la base catastral y determine el plan de acción a seguir: se corrige o se anula la actualización realizada.

En el escenario más fuerte, podría ser necesario adelantar una nueva actualización con metodología rigurosa, correcta definición de zonas geoeconómicas homogéneas y valores ajustados a la realidad material de cada predio.

El verdadero examen comienza ahora, cuando el IGAC deberá demostrar si puede ordenar el catastro de Yopal, revisar una actualización ampliamente cuestionada y dar soluciones concretas a los ciudadanos.

Lo que viene para los propietarios

La Administración Municipal informó que próximamente se darán a conocer los correos y canales oficiales para que la ciudadanía pueda presentar reclamaciones y hacer seguimiento a sus casos.

Si el regreso del IGAC se queda únicamente en un cambio de nombre en la gestión catastral, la inconformidad seguirá. Pero si se traduce en atención real, revisión de errores, corrección de inconsistencias y respuestas a los afectados, podría comenzar a destrabarse una crisis que golpeó la confianza ciudadana.