Locura de avalúos en Yopal y opresivo Impredial: Procuraduría pide rehacer actualización catastral.
Avalúos inflados, hallazgos fiscales y acciones judiciales se cruzan en medio de la polémica por la actualización catastral realizada por la empresa estatal contratada por la Alcaldía de Yopal
El caso de un ciudadano de Yopal, cuyo predio pasó de estar avaluado en $4,6 millones a $187 millones tras la actualización catastral de 2025, se convirtió en una de las pruebas que la Procuraduría Regional de Casanare presentó para advertir que la liquidación del impuesto predial en el municipio no se ajusta a la realidad del mercado inmobiliario ni a los criterios técnicos exigidos por ley.
En comunicación dirigida a la magistrada Inés del Pilar Núñez, del Tribunal Administrativo de Casanare, el procurador Juan Pablo Rincón Camacho solicitó que se realice una nueva caracterización de los predios urbanos y rurales de Yopal, ajustada a criterios objetivos y bases reales.
El Ministerio Público insiste en que el proceso adelantado por Catasig S.A.S. EICE careció de fundamentos económicos y sociales, y no garantizó la participación ciudadana.
Requerimientos de la Procuraduría
El órgano de control pidió al Tribunal acceder al amparo de los derechos colectivos, ante la afectación generada por la suscripción del convenio entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, y ordene que en un plazo prudencial se efectúe una caracterización transparente de los predios, respetando los cuatro componentes que exige el catastro multipropósito: físico, jurídico, económico y social.
De acuerdo con la Procuraduría, en Yopal no se garantizó:
- El ajuste del avalúo catastral a la realidad del mercado inmobiliario.
- La correcta identificación de la destinación económica de los predios.
- La participación de comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales en el proceso.
El hallazgo de la Contraloría
A la advertencia de la Procuraduría se suma un informe de la Contraloría General de la República, que configuró un hallazgo fiscal por $6.332 millones de pesos en la ejecución del convenio entre la Alcaldía y Catasig. Según el ente de control, se hicieron pagos anticipados y sin la verificación técnica suficiente, lo que pone en riesgo los recursos invertidos en la actualización catastral.
La acción judicial y la Defensoría del Pueblo
Paralelamente, avanza en el Tribunal Administrativo de Casanare el proceso de medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, instaurado por 12 concejales de Yopal contra el gestor catastral Catasig SAS, la Alcaldía de Yopal, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro.
En este proceso, la Defensoría del Pueblo acaba de ser admitida como coadyuvante, fortaleciendo la acción ciudadana en defensa de la moralidad administrativa y el interés público.
El caso del ciudadano afectado en la calle 50, presentado como testimonio ante el Tribunal, ilustra lo que para el Ministerio Público es una evidencia clara de un impuesto desproporcionado y sin soporte técnico, que compromete la confianza en las instituciones y en la gestión de los recursos públicos en Yopal.
