Parque Nacua: Tocó fondo, fue cerrado y se ahoga en millonarios pleitos judiciales entre el INDEV y el Concesionario.

El Parque Acuático Nacua, una de las infraestructuras recreativas más emblemáticas de Yopal, está en el centro de una controversia judicial que enfrenta al concesionario del parque —el Consorcio Nacua— con el Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV). El conflicto se originó por presuntos incumplimientos al contrato de concesión suscrito en octubre de 2019.

El trasfondo es una controversia contractual que gira en torno al presunto desequilibrio económico sufrido por el concesionario y el supuesto incumplimiento de pagos, reportes y compromisos contractuales que alega el INDEV.

Por lo pronto el parque Nacua permanece cerrado desde finales de abril de 2025, tras la expedición de una resolución del Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal (INDEV) que ordenó su sellamiento por presunto incumplimiento del contrato de concesión.

Ante esto el concesionario solicitó al Tribunal una medida cautelar de suspensión de la resolución que cerró el parque.

¿Qué originó el conflicto?

El contrato de concesión fue suscrito en octubre de 2019 entre el INDEV y el Consorcio Nacua, bajo la figura de riesgo y cuenta del concesionario.

En su demanda, el concesionario solicita al Tribunal que declare responsables al INDEV y a la interventoría por un presunto desequilibrio económico generado durante la ejecución del contrato en cuestión.

Según la entidad estatal, el operador habría incumplido varios aspectos del contrato, entre ellos la entrega de reportes técnicos y financieros, el pago de la interventoría y del canon de arrendamiento, así como el adecuado mantenimiento y operación del parque.

¿Qué argumenta y pide el Concesionario?

El Consorcio Nacua presentó una demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Casanare, la cual fue admitida el 7 de marzo de 2025.

El concesionario alega un desequilibrio económico en la ejecución del contrato, especialmente por pagos pendientes de cánones de arrendamiento durante el periodo de suspensión del contrato, así como por el sostenimiento de la interventoría. Considera que estos costos no estaban debidamente asumidos por la entidad contratante.

En su demanda, el Consorcio Nacua solicita:

• Reconocimiento del daño emergente consolidado por $237 millones
• Reconocimiento de sobrecostos en interventoría por $427 millones
• Indemnización por lucro cesante por un monto de $9.008 millones
• Reajuste económico del canon de arrendamiento.
• Reconocimiento del valor de la interventoría por $172 millones
• Actualización de las condenas con indexación e intereses.
• Condena en costas y agencias en derecho
• Todo esto aproximadamente suma 9.844 millones de pesos.

El INDEV se defiende: más de $5.100 millones en ingresos y deudas impagas

Por su parte, el INDEV respondió mediante un memorial jurídico de defensa, señalando que el concesionario incumplió las obligaciones del contrato, al no realizar adecuadamente la operación del parque y no cumplir con reportes técnicos, financieros y operativos exigidos.

La entidad considera que la medida de sellamiento fue legal y necesaria para proteger los intereses públicos, debido a reiteradas fallas administrativas y operativas.

La defensa del INDEV rechaza todas las pretensiones. Argumenta que el modelo de concesión se firmó bajo la figura de “cuenta y riesgo” y que no hay lugar a reequilibrios financieros cuando el concesionario ha percibido ingresos constantes y significativos.

De acuerdo con el informe de interventoría presentado por el Instituto:

• El concesionario ha percibido ingresos totales por $5.111 millones entre 2019 y noviembre de 2024.
• La deuda total con el INDEV asciende a $708 millones.
• La deuda con la interventoría supera los $809 millones, correspondientes a casi 40 meses de honorarios no pagados.

Además, el Instituto destaca que en algunos meses (como enero de 2024) los ingresos del parque superaron los $300 millones, lo que demostraría ―a su juicio― que no existe afectación estructural del equilibrio económico.

El INDEV también señala que el concesionario ha suscrito acuerdos de pago que no ha cumplido y ha seguido explotando el parque pese a los incumplimientos.

El fondo del litigio: ¿hay desequilibrio o incumplimiento?

El corazón del litigio gira en torno a dos puntos:

• Para el concesionario, existe una afectación financiera injustificada derivada de decisiones de la administración que alteraron el equilibrio del contrato.
• Para el INDEV, el concesionario incurrió en múltiples incumplimientos, justificando así las medidas sancionatorias adoptadas.

Ambas partes deberán probar en juicio si las decisiones fueron tomadas conforme al contrato y a las normas vigentes.

¿Qué viene ahora?

El Tribunal Administrativo de Casanare debe decidir si concede la medida cautelar solicitada por el Consorcio Nacua, lo que podría permitir la reapertura temporal del parque, o si mantiene la resolución del INDEV hasta que se resuelva el fondo del proceso.

En paralelo, la Alcaldía de Yopal y el INDEV deberán responder a la demanda en el plazo legal, mientras el caso avanza hacia un posible fallo de fondo.

Más allá del desenlace jurídico, este caso expone tensiones estructurales entre lo público y lo privado en la gestión de bienes recreativos, y pone sobre la mesa la necesidad de revisar los modelos de concesión y vigilancia en escenarios de interés colectivo. Mientras tanto, Yopal sigue sin uno de sus principales espacios recreativos, en espera de una definición judicial que permita restablecer su funcionamiento o redefinir su futuro.