De la Espriella prometió reducir el gasto, pero aumentó en casi $60 billones el presupuesto que dejó Petro
El Gobierno presentó para 2027 un presupuesto de $634,9 billones, frente a los $575,6 billones proyectados por la administración anterior. Hacienda afirma que está reconociendo obligaciones subestimadas, pero las nuevas cuentas aumentan el funcionamiento y el servicio de la deuda, mientras reducen la inversión.
Imagine que una familia organiza sus gastos del próximo año y calcula que necesitará $2 millones mensuales.
El nuevo jefe del hogar revisa las cuentas, asegura que están mal elaboradas y advierte que la familia pretende gastar más dinero del que realmente recibirá. Promete reducir los gastos, evitar nuevos préstamos y apretarse el cinturón.
Pero cuando presenta su propio presupuesto, ya no propone gastar $2 millones, sino aproximadamente $2.206.000 mensuales.
Además, aumenta el dinero destinado a los gastos cotidianos y al pago de las deudas, mientras reduce lo reservado para mejorar la vivienda, estudiar, comprar herramientas o emprender algún proyecto.
Con las diferencias propias entre la economía familiar y las finanzas de un Estado, esa comparación permite entender lo ocurrido con el Presupuesto General de la Nación para 2027.
Un presupuesto devuelto por estar desfinanciado
Antes de dejar el poder, el Gobierno de Gustavo Petro presentó un presupuesto por $575,6 billones para 2027.
El proyecto contemplaba $367,7 billones para funcionamiento, aproximadamente $118 billones para el servicio de la deuda y $90 billones para inversión.
La nueva administración cuestionó esas cuentas porque incluían ingresos todavía inciertos y dependían de la aprobación de reformas tributarias posteriores. A petición del Gobierno De la Espriella, el Congreso devolvió el proyecto para que fuera corregido.
La crítica era que un presupuesto no puede sostenerse con recursos cuya obtención todavía no está asegurada.
Sin embargo, el nuevo proyecto produjo una enorme sorpresa. En lugar de reducir el monto presentado por Petro, el Gobierno lo elevó a $634,9 billones: $59,3 billones adicionales, equivalentes a un incremento del 10,3 %.
Promete reducir el gasto en 60 billones y eso fue lo que aumentó
La contradicción no surge únicamente de la comparación con Petro.
Antes de asumir el Ministerio de Hacienda, Miguel Gómez anunció un ajuste fiscal cercano a $60 billones y sostuvo que la primera obligación del nuevo Gobierno sería controlar el gasto.
También afirmó que el presupuesto debía crecer por debajo de la inflación para que el Estado redujera su tamaño en términos reales.
Pero la cifra finalmente presentada se movió en la dirección contraria: en vez de recortar aproximadamente $60 billones, el Gobierno aumentó el presupuesto casi en esa misma cantidad.
Las cuentas llevadas al presupuesto de una familia
Para comprender la distribución, volvamos al ejemplo del hogar que pasó de presupuestar $2 millones a $2.206.000 mensuales.
Aplicando las proporciones del nuevo presupuesto nacional, esa familia destinaría aproximadamente:
- $1.364.000 a funcionamiento: alimentación, servicios, transporte y gastos cotidianos.
- $540.000 al servicio de la deuda: cuotas, intereses y obligaciones financieras.
- $302.000 a inversión: educación, mejoras de vivienda, herramientas y proyectos para fortalecer sus ingresos futuros.
La comparación es pedagógica, no literal. El Estado puede recaudar impuestos, emitir títulos, refinanciar obligaciones y contratar deuda en condiciones diferentes a las de un hogar.
Aun así, permite observar el cambio de prioridades: la familia amplió su presupuesto, pero la mayor parte del dinero adicional no será utilizada para construir un futuro mejor.
Menos inversión; más funcionamiento y deuda
Los gastos de funcionamiento pasan de $367,7 a $392,5 billones. Son $24,8 billones adicionales, un crecimiento del 6,7 %.
El servicio de la deuda aumenta de aproximadamente $118 a $155,4 billones. La diferencia ronda los $37,4 billones y representa cerca del 63 % de todo el aumento presupuestal.
Mientras esos dos componentes crecen, la inversión disminuye de $90 a $86,9 billones: una reducción de $3,1 billones.
La caída resulta más significativa porque ocurre en valores corrientes. Si se descuenta el efecto de la inflación, la pérdida real de capacidad para financiar obras, infraestructura y proyectos sería todavía mayor.
En la economía familiar, sería como aumentar las cuotas de los préstamos y los gastos mensuales mientras se reserva menos dinero para reparar la casa, estudiar o crear una fuente adicional de ingresos.
En las cuentas nacionales significa disponer de más recursos para sostener el presente y menos para financiar capacidades futuras.
El Gobierno habla de “sinceramiento”
La administración denomina el ajuste un “sinceramiento fiscal”: el reconocimiento de obligaciones relacionadas con pensiones, salud, subsidios de energía y gas, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y el servicio de la deuda que, según el nuevo Gobierno, fueron subestimadas por Petro.
Si una familia omitiera varias cuotas de sus préstamos al preparar el presupuesto, incorporarlas posteriormente no significaría que el nuevo administrador contrajo todas las deudas. Significaría que decidió reconocerlas completamente.
Ese argumento explica una parte del incremento, especialmente el aumento del servicio de la deuda. Pero no resuelve el problema de financiación ni responde por qué también crece el funcionamiento mientras disminuye la inversión.
Hacienda sostiene que el incremento no representa necesariamente nuevos programas ni un crecimiento deliberado de la burocracia. Sin embargo el periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio expresa que se aumentaría la carga burocrática así: de 99 mil cargos se pasaría a 107.927 de uno a otro presupuesto.
El déficit llegaría al 9,4 % del PIB
El nuevo Gobierno calcula que el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del producto interno bruto en 2027, frente al 6,7 % estimado anteriormente.
El déficit aparece cuando los gastos superan los ingresos. Para cubrir la diferencia, el Estado necesita recaudar más, reducir otras partidas o acudir al endeudamiento.
Las nuevas cuentas contemplan conseguir cerca de $150,9 billones mediante créditos internos, principalmente con la emisión de títulos TES, y otros $87,7 billones en fuentes externas.
El problema es que el Gobierno también ha rechazado la reforma tributaria proyectada por Petro y ha prometido no imponer nuevas cargas tributarias. Incluso ha planteado eliminar o reducir algunos impuestos como el del patrimonio, que solo pagan los más ricos del país.
Por eso deberá explicar cómo pretende sostener simultáneamente un presupuesto mayor, una recaudación menor y el compromiso de no aumentar los impuestos.
Un aumento del 52,8 % en Hacienda
El presupuesto del Ministerio de Hacienda pasa de $26,67 a $40,75 billones: $14,08 billones adicionales, equivalentes a un aumento del 52,8 %.
La cifra no significa automáticamente que el Ministerio vaya a gastar todo ese dinero en funcionarios o burocracia. Por esa cartera pasan fondos, transferencias y obligaciones que deben ser examinados individualmente.
Precisamente por su magnitud, el incremento requiere una explicación pública detallada: cuáles partidas crecieron, qué compromisos atienden, quiénes administrarán esos recursos y quiénes serán sus beneficiarios.
La diferencia entre reconocer y resolver
El Gobierno tendrá que explicar dónde quedó el recorte anunciado (del 40%), qué gastos de funcionamiento aumentaron, cuánto dinero adicional se financiará con deuda, cuáles proyectos perderán recursos por la caída de la inversión y cómo pretende evitar que el costo del ajuste recaiga sobre los sectores sociales con menor capacidad económica.
De la Espriella prometió reducir el gasto. Su primer presupuesto no lo reduce: reconoce más obligaciones, aumenta las necesidades de financiación y deja menos recursos para inversión.
