Diez años después del fallo sobre las basuras, Casanare sigue entre lixiviados, malos olores y sin una solución definitiva
El Tribunal Administrativo de Casanare advierte que todavía no se ha definido plenamente el terreno para una alternativa regional, mientras El Cascajar opera con capacidad limitada y las comunidades cercanas soportan sus impactos.
Diez años después de la sentencia que ordenó encontrar una solución regional al manejo de las basuras, Casanare continúa dependiendo del relleno sanitario El Cascajar, en Yopal, cuya capacidad es limitada y donde persisten problemas relacionados con lixiviados, residuos expuestos y malos olores.
Así se desprende de una providencia del Tribunal Administrativo de Casanare, fechada el 30 de octubre de 2026. El documento muestra que las entidades departamentales y nacionales todavía no tienen plenamente definido el terreno para desarrollar una alternativa definitiva.
Aunque todos los ciudadanos producimos residuos diariamente y tenemos la responsabilidad de reducirlos y separarlos, corresponde a las autoridades garantizar su aprovechamiento, recolección y disposición segura. En Casanare, ambas tareas siguen pendientes.
El Cascajar opera bajo presión
Durante una visita realizada el 7 de octubre, Corporinoquia encontró que la trinchera 11 era la única celda en operación y presentaba una alta ocupación. También observó residuos expuestos, fallas en equipos de bombeo y piscinas de almacenamiento de lixiviados cercanas a su límite.
Los lixiviados son líquidos contaminantes producidos por la descomposición de la basura. Si no se recogen y tratan adecuadamente, pueden afectar el suelo y las fuentes de agua.
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal había informado que en septiembre quedaba cerca de un 5 % de capacidad y proyectó que esta podría agotarse hacia el 20 de octubre. Sin embargo, Corporinoquia encontró inconsistencias en el soporte técnico de ese cálculo.
Esto no significa que el Tribunal haya ordenado el cierre de El Cascajar, pero sí evidencia que el relleno opera con poco margen y enfrenta riesgos que requieren atención inmediata.
En una inspección realizada el 19 de octubre en La Niata, comunidad cercana al relleno, se percibieron olores fuertes y persistentes, presencia de vectores y algunos puntos con residuos acumulados. No se encontraron lixiviados en las viviendas revisadas.
¿Qué ocurriría si no hay dónde llevar las basuras?
El problema parece lejano mientras los camiones continúan recogiendo las bolsas frente a las casas. Pero si El Cascajar deja de recibir residuos sin una alternativa preparada, los vehículos recolectores se llenarían y no tendrían dónde descargar.
La basura comenzaría a acumularse en viviendas, calles, plazas de mercado, restaurantes, colegios, establecimientos comerciales y centros asistenciales. Con el paso de los días aumentarían los malos olores, las moscas, las cucarachas y los roedores.
Durante las lluvias, los líquidos producidos por la descomposición podrían llegar a alcantarillas, suelos, caños y fuentes hídricas. También crecería el riesgo de botaderos clandestinos y quemas a cielo abierto, trasladando la afectación hacia barrios periféricos y comunidades rurales.
Otra opción sería llevar los residuos a rellenos más distantes, pero esto aumentaría los costos de combustible, personal y mantenimiento de los vehículos. Esos gastos podrían terminar reflejándose en las tarifas pagadas por los usuarios.
La solución no es enterrar más basura
No basta con encontrar un nuevo terreno para repetir el mismo modelo. Casanare necesita reducir la cantidad de residuos que llega a disposición final.
Eso exige separar desde los hogares, aprovechar los materiales reciclables, fortalecer a las organizaciones de recicladores y transformar los residuos orgánicos mediante procesos como el compostaje.
Al relleno sanitario debería llegar únicamente aquello que no pueda reutilizarse o recuperarse. De lo contrario, cualquier nueva infraestructura también terminará llenándose.
Sacar una bolsa de la casa no significa que la basura desaparezca. Solo trasladamos el problema hacia otro lugar, generalmente cerca de comunidades rurales que terminan soportando los olores, los vectores y los riesgos ambientales.
La Nación también debe responder
El Ministerio de Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación objetaron algunas de las órdenes impartidas, pero el Tribunal no aceptó sus argumentos. La corporación judicial reiteró que el Gobierno nacional debe participar en la coordinación y posible cofinanciación de la solución, mientras las entidades territoriales deben estructurar adecuadamente los proyectos.
También ordenó evaluar si el denominado Parque Tecnológico y Ambiental de la Orinoquía puede convertirse, total o parcialmente, en una alternativa regional.
La providencia concedió 30 días hábiles para elaborar un Plan Regional de Contingencia, 20 días hábiles para realizar inspecciones en La Niata y 30 días hábiles para presentar un informe consolidado del Comité de Verificación.
Además, continúa la búsqueda de posibles predios mediante la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales.
La decisión no impone todavía sanciones por desacato. Aunque el Tribunal consideró que existen elementos para avanzar en ese camino, decidió priorizar las acciones urgentes de contingencia y mitigación.
