Mientras los pacientes de Capresoca rogaban por atención, interventora ampliaba la burocracia: 14 nombramientos en seis días

Mientras miles de afiliados de Capresoca, principalmente personas de los sectores más vulnerables de Casanare, enfrentaban dificultades para conseguir medicamentos, citas médicas y tratamientos, en las oficinas administrativas de la EPS se adelantaba una llamativa ampliación de personal.

Entre el 1 y el 6 de julio de 2026, la entonces interventora sustituta Bibi Dayana Daniels Rueda creó 21 cargos y efectuó 14 nombramientos, precisamente en los últimos días de una gestión que apenas duró 83 días.

La última resolución de nombramientos fue expedida el mismo 6 de julio en que la Superintendencia Nacional de Salud dispuso su reemplazo.

Lo sorprendente es que la propia Capresoca, representada por su actual agente interventor, Giovanni Antonio Guzmán Vargas, acudió a los juzgados administrativos de Yopal para solicitar la nulidad de las resoluciones expedidas durante la gestión de Bibi Dayana Daniels Rueda.

Cuestiona la creación de los cargos y los nombramientos, por presuntas irregularidades técnicas, administrativas y presupuestales.

Se trata de una acción de lesividad: Capresoca busca que la justicia anule sus propias decisiones. Los 14 funcionarios nombrados figuran como terceros con interés directo porque sus vinculaciones podrían quedar sin efecto.

Una interventora que ya conocía los problemas de Capresoca

Daniels Rueda no llegó de afuera. Antes de asumir la intervención, el 14 de abril de 2026, se desempeñaba como subgerente del área de Salud de Capresoca.

En febrero de ese mismo año fue sancionada, junto con la entonces interventora Betty Cecilia Anaya Nieto, por desacato a una tutela relacionada con la atención de un paciente.

La decisión judicial contempló tres días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos. La sanción fue confirmada, según informaron medios regionales, y Daniels fue detenida el 21 de febrero en Pajarito, Boyacá.

Pese a ese antecedente, la Supersalud la designó interventora sustituta tras la suspensión provisional de Anaya por parte de la Procuraduría.

Su nombramiento también generó objeciones del sindicato SUNET, que advirtió sobre los problemas de atención y pidió designar un interventor externo.

Primero advirtieron que faltaba dinero y después aumentaron la nómina

El 3 de junio de 2026, un comité institucional de Capresoca había reconocido dificultades presupuestales y planteado la necesidad de racionalizar los gastos de personal.

Sin embargo, menos de un mes después se crearon 21 empleos y se nombró a 14 personas.

Según la demanda, la Dirección de Talento Humano certificó que no participó en la selección de los aspirantes ni en la verificación previa de sus requisitos.

El área de Presupuesto también manifestó que no le solicitaron estudios de impacto financiero ni expidió los certificados presupuestales correspondientes.

Uno de los informes incorporados al proceso calcula que las nuevas vinculaciones representaron 89 millones de pesos mensuales adicionales, con un costo proyectado de 534 millones para el período evaluado.

A esto se suman otros hechos conocidos por este medio: algunos beneficiarios de los nombramientos apenas habían ingresado a Capresoca durante 2026. Entre las personas nombradas figura la exsecretaria del Concejo de Yopal y una hija de un funcionario de la propia entidad.

Mientras otros llegaron a Casanare procedentes de diferentes departamentos en los dos últimos años.

Estos antecedentes plantean interrogantes sobre los criterios de selección, la experiencia acreditada y las posibles relaciones personales o familiares que pudieron intervenir en las decisiones.

El parentesco o la procedencia territorial no constituyen por sí mismos una irregularidad. Lo que debe esclarecerse es si los nombramientos respondieron a necesidades reales de Capresoca y cumplieron los requisitos legales, sin favorecimientos particulares.

Casi cuatro mil reclamaciones y Capresoca ampliando su burocracia

La situación financiera y asistencial de Capresoca estaba lejos de mejorar.

Según la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y agosto de 2026 se registraron 3.956 reclamaciones, principalmente por dificultades para acceder a medicamentos, servicios médicos y citas.

En agosto, los pasivos de la entidad alcanzaban los 454.199 millones de pesos, frente a los 316.588 millones registrados cuando comenzó la intervención, en octubre de 2024.

Es decir, sus obligaciones aumentaron aproximadamente 137.611 millones de pesos durante ese período.

En una entidad responsable de garantizar la atención de personas enfermas, estas cifras obligan a preguntar por las prioridades de quienes la administran.

¿Cuántos de los nuevos cargos estaban destinados a resolver las reclamaciones de los usuarios? ¿Qué funciones concretas desempeñarían? ¿Qué resultados se esperaban obtener con su nombramiento?

En una EPS con semejantes dificultades, ampliar la nómina exige algo más que firmar resoluciones: exige demostrar para qué se necesita cada funcionario y qué beneficios tendrá su trabajo para los pacientes.

Cinco interventores y una crisis que no termina

Desde el 7 de octubre de 2024, cuando la Supersalud intervino Capresoca, la entidad ha tenido cinco agentes interventores:

• Yeferson Caicedo Pardo, quien asumió inicialmente;
• Betty Cecilia Anaya Nieto, posteriormente suspendida de manera provisional por la Procuraduría;
• Bibi Dayana Daniels Rueda, quien la reemplazó temporalmente;
• Olga Lucía Vásquez Barrios
• y Giovanni Antonio Guzmán Vargas, actual responsable de la EPS.

La sucesión ha estado marcada por controversias. Olga Vásquez fue removida el 8 de octubre de 2026 tras cuestionamientos de la Supersalud sobre su gestión y la documentación académica presentada para ejercer el cargo.

Ahora, los nombramientos de Daniels son objeto de una demanda promovida por la propia Capresoca.

Sin embargo, la revisión no puede limitarse a una sola interventora. También corresponde conocer cuántas personas fueron vinculadas durante las demás administraciones, cuánto cuestan sus salarios y prestaciones, cuáles fueron los criterios de selección y qué resultados han producido.

¿Quién controla a los interventores?

Capresoca fue intervenida para corregir sus problemas financieros, administrativos y de prestación de servicios.

Pero, después de más de dos años, la entidad continúa enfrentando deudas millonarias y serias dificultades de atención, mientras decisiones tomadas por sus propios interventores terminan cuestionadas judicialmente.

Los 14 nombramientos todavía no han sido declarados ilegales. Corresponde a los jueces determinar si existieron las irregularidades denunciadas, garantizando el derecho de defensa de los funcionarios involucrados.

Pero la Superintendencia Nacional de Salud tiene explicaciones que dar sobre la vigilancia de las administraciones que ella misma designó.

Sería profundamente reprochable comprobar que, mientras los afiliados padecían las consecuencias de una atención deficiente, se asumieron nuevas obligaciones salariales sin una necesidad real, sin respaldo suficiente y sin un beneficio demostrable para los pacientes.

Porque Capresoca no existe para sostener nombramientos cuya utilidad la propia entidad tiene dificultades para justificar. Su razón de ser es garantizar el acceso a los servicios de salud de los casanareños.